Consejo de Estado suspendió aumento del salario mínimo en 23% para 2026 y pone en jaque la decisión del Gobierno

En el auto dado a conocer este viernes, 13 de febrero, el alto tribunal consideró que existen indicios suficientes de ilegalidad que ameritan la adopción de una medida cautelar, en respuesta a múltiples solicitudes de suspensión provisional contra el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, expedido tras el fracaso de la concertación tripartita en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Para el alto tribunal, ese enfoque plantea serios cuestionamientos jurídicos, dado que el concepto de salario vital, si bien puede servir como referencia académica o contextual, “no se encuentra incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano” como criterio decisorio para la fijación del salario mínimo y en consecuencia, basar el incremento en ese parámetro podría implicar una sustitución de las variables legales expresamente previstas por el legislador, lo que configuraría una extralimitación de la potestad reglamentaria.

Esa falta de correlación entre las variables legales y la decisión adoptada llevó al Consejo de Estado a concluir que, al menos en esta etapa preliminar, se configura una apariencia de buen derecho que justifica la suspensión provisional; por lo que se advierte que la motivación del acto administrativo debe permitir identificar cómo incide cada uno de los factores legales en la determinación final del salario mínimo, exigencia que considera no satisfecha en el decreto demandado.

La decisión también retoma precedentes del propio tribunal, en particular el caso del salario mínimo de 2016, cuyo decreto fue anulado años después por insuficiencia de motivación, cuando ya había producido todos sus efectos. Esa experiencia fue citada por varios demandantes como evidencia de que la demora judicial puede vaciar de contenido el control de legalidad si no se adoptan medidas cautelares oportunas, argumento que fue acogido en esta oportunidad.