La aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $635 billones no significa que Colombia haya superado sus presiones fiscales.
El informe examina la aprobación del Presupuesto en el Congreso y el desafío que tendrá el Gobierno de Abelardo De La Espriella para combinar las obligaciones del Estado con su promesa de austeridad.
De acuerdo con los cálculos de la firma, el monto aprobado aumentó alrededor de $88 billones frente al Presupuesto originalmente aprobado para 2026.
Este crecimiento equivale a una variación nominal aproximada del 16,1%. Al mismo tiempo, el Ejecutivo prepara una Ley de Rescate Fiscal que buscaría reducir el gasto público en cerca de $40 billones. Orza aclara que ese monto todavía es una meta anunciada: no corresponde a ahorros aprobados ni a recursos que ya hayan sido recortados.
Presupuesto de 2027 tiene financiación prevista, pero persisten riesgos fiscales
Una de las principales precisiones del informe es que el Presupuesto de 2027, a diferencia del correspondiente a 2026, no quedó condicionado a la aprobación de una ley de financiamiento para completar sus ingresos. Las fuentes con las que se respaldaron las apropiaciones fueron contempladas durante el trámite, pero eso no asegura su resultado.
“Que el Presupuesto tenga financiación prevista tampoco elimina las presiones fiscales ni garantiza que todos los ingresos estimados se materialicen”, señala el análisis. La advertencia pone el foco sobre la ejecución de los recursos y sobre la diferencia entre las proyecciones de ingresos y el dinero que estará disponible a lo largo del próximo año.
Orza advierte que las fuentes de financiación no garantizan el recaudo previsto. Foto: Imagen generada con ChatGPT
Orza recuerda que, tras la aprobación del Presupuesto de 2026, el Congreso archivó en diciembre de 2025 una ley de financiamiento que buscaba obtener cerca de $16,3 billones. Para 2027, precisa, el escenario es distinto: la siguiente iniciativa económica del Gobierno estaría orientada a reducir los gastos del Estado y no a completar los ingresos del PGN.
El informe también plantea que una mayor apropiación total no significa que todas las entidades tendrán más dinero para nuevos programas. Una parte del funcionamiento corresponde a transferencias y otros compromisos necesarios para sostener los servicios públicos. Además, el servicio de la deuda reduce el margen disponible para distribuir recursos entre las distintas prioridades.
“El crecimiento agregado no permite concluir automáticamente que aumentó el gasto discrecional o que todos los sectores dispondrán de más recursos”, señala Orza. Por esa razón, el análisis propone evaluar la austeridad a partir de los componentes que realmente pueden modificarse y, sobre todo, de los ahorros que el Ejecutivo consiga materializar.
Presupuesto crece 16,1% mientras el Gobierno prepara recortes de $40 billones
El aumento nominal del Presupuesto, cercano a 16,1%, coincide con el compromiso del Gobierno de contener el gasto y reducir el tamaño del Estado. Según Orza, la explicación del Ejecutivo es que el PGN de 2027 reconoce de manera más completa las obligaciones públicas, mientras que los ajustes al costo estatal se tramitarían posteriormente.
En ese marco aparece la Ley de Rescate Fiscal anunciada por el ministro de Hacienda. El proyecto buscaría un recorte cercano a $40 billones, pero su alcance dependerá del texto que finalmente se radique, de las decisiones del Congreso y de su posterior aplicación. Por ahora, esa cifra no puede presentarse como un ahorro garantizado.
La discusión deberá definir qué entidades, programas y funciones podrían ajustarse, así como el momento en que las medidas empezarían a producir resultados. El informe señala que algunos congresistas reclamaron más austeridad durante la aprobación del Presupuesto, mientras otros defendieron recursos para salud, subsidios, reconstrucción e inversiones en las regiones.
Entre las disposiciones aprobadas figura el artículo 92, que establece una reducción mínima del 3% en las apropiaciones destinadas a gastos no esenciales de funcionamiento. Sin embargo, Orza advierte que la magnitud efectiva del ahorro dependerá de la base sobre la cual se aplique esta obligación; por sí sola, la disposición no equivale al recorte anunciado de $40 billones.
Ejecución del PGN 2027 y control del gasto público
El análisis también distingue entre las autorizaciones presupuestales y su ejecución. Durante el trámite se aprobó un refuerzo acumulado de $5 billones para el Ministerio de Salud, compuesto por $2 billones incorporados previamente y otros $3 billones avalados en plenaria. La firma indica que persisten interrogantes sobre la suficiencia de los recursos para el aseguramiento y la prestación de servicios.
El servicio de la deuda limita el margen para distribuir recursos públicos Foto: Imagen generada con ChatGPT
En educación se incorporaron $100.000 millones adicionales para calidad y fomento de la educación superior, aunque el balance mantuvo una reducción de $500.000 millones en la inversión del Sena. Estos movimientos, sostiene el informe, deben leerse como modificaciones del proyecto y no confundirse con el Presupuesto total de cada entidad ni con su variación frente a 2026.
Otra discusión corresponde a la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto. Los artículos 84 y 85 habilitan mecanismos para reorientar saldos no comprometidos y recursos administrados mediante fondos, entre ellos el Fondo Milagro. Orza advierte que esta facultad no asegura por sí misma un monto específico ni una disponibilidad inmediata para financiar obras.
El texto aprobado también establece informes trimestrales sobre los saldos y la ejecución de fondos y mecanismos de administración de recursos públicos. Estos reportes buscan facilitar el seguimiento del Congreso, aunque no implican una autorización legislativa previa para cada traslado que realice el Gobierno dentro de las facultades aprobadas.
En materia de deuda pública, el informe también destaca disposiciones que ordenan publicar una estrategia de gestión de deuda de mediano plazo y hacer seguimiento a los títulos de Tesorería (TES) de corto plazo. Estas medidas buscan dar mayor visibilidad a los riesgos de refinanciación, los costos del endeudamiento y la concentración de los vencimientos durante la ejecución presupuestal.
Para Orza, el resultado de la política fiscal de 2027 dependerá tanto de los ingresos que se consigan recaudar como de las decisiones que permitan contener los gastos y ejecutar los programas previstos. El Presupuesto aprobado ofrece un marco de financiación, pero los ahorros de la Ley de Rescate Fiscal, las reasignaciones y sus resultados todavía deberán concretarse.
