La contratación pública experimentó una notable activación luego del fin de la Ley de Garantías que regía por las elecciones presidenciales. Entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026, las tres semanas posteriores a las votaciones de segunda vuelta, se firmaron 43.092 contratos por cerca de 7 billones de pesos.
Así lo identificó un informe de Transparencia por Colombia publicado el pasado 16 de julio, el cual hizo un análisis de los contratos subidos en este periodo a Secop I y Secop II considerando sus modalidades y características.
El comportamiento de la compra pública durante estas semanas resulta importante por las mismas limitaciones que establece la Ley de Garantías Electorales o Ley 996 de 2005, con la cual se busca evitar que los gobiernos utilicen los recursos públicos para favorecer a candidatos durante las campañas.
La normativa impone restricciones temporales a la contratación directa, la vinculación de personal y otras actuaciones de la administración pública durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones entre los aspirantes y proteger la transparencia del proceso electoral.
La ley no detiene toda la contratación estatal, sino que limita principalmente la contratación directa por parte de las entidades públicas durante ese periodo. Durante esos días pueden continuar procesos bajo modalidades competitivas como la licitación pública, el concurso de méritos o la selección abreviada, además de otras excepciones.
¿Qué tipos de entidades registraron mayor contratación?
Durante las tres semanas posteriores al fin de la Ley de Garantías, se contaron 43.092 contratos firmados por 2.829 entidades nacionales y territoriales.
Al revisar las proporciones según la cantidad de contratos, 7.904 contratos fueron firmados por entidades nacionales (18,3 por ciento) frente a 35.188 de entidades territoriales (81,7 por ciento).
Sin embargo, la sumatoria de los valores de los contratos por cada tipo no mantiene la misma proporción. Las entidades nacionales comprometieron cerca de 3,69 billones de pesos (48 por ciento) frente a alrededor de 3,99 billones de las entidades territoriales (52 por ciento).
Transparencia por Colombia explicó que entre las entidades territoriales se encuentran alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, entidades municipales y departamentales, resguardos, contralorías regionales, empresas de servicios públicos territoriales, entre otras.
Por su parte, entre las entidades de orden nacional se encontraban sobre todo entidades del Gobierno Nacional, corporaciones autónomas, entidades asociadas al sector de seguridad y defensa, empresas industriales y comerciales del Estado (Eice) y entidades sin ánimo de lucro estatales (Esales).
Pero entre esta variedad hay una clara predominancia de las entidades del gobierno central. De las 570 entidades nacionales que celebraron contratos en este periodo, el 86 por ciento corresponde a entidades del Gobierno Nacional, es decir, 488 entidades.
También se hizo una revisión de los contratos de las entidades del Gobierno Nacional según su tipo. En total, estas firmaron 6.717 contratos por valor de 3,4 billones de pesos, lo que representa el 45 por ciento del total contratado durante el periodo analizado.
Según la cantidad de contratos, las entidades nacionales descentralizadas fueron las que más firmaron, con 2.475. Les siguieron las unidades administrativas, con 1.628, y el sector defensa con 1.440.
Ahora, de acuerdo con los valores de los contratos, fue la categoría de otras entidades nacionales del ejecutivo la de mayor número, con 2,3 billones de pesos. Le siguió el sector defensa, con 488 mil millones, y las unidades administrativas con 212 mil millones.
Otros tipos de entidades que también tuvieron números considerables de contratos y grandes rubros comprometidos fueron las empresas industriales y comerciales del Estado, ministerios, universidades y departamentos administrativos.
La alta proporción de contratación directa
El análisis de Transparencia por Colombia también arrojó otro hallazgo llamativo, y es que en las entidades del Gobierno Nacional, 2 de cada 3 contratos se celebraron mediante contratación directa.
Entre los 6.717 contratos de estas instituciones, 4.409 se firmaron bajo modalidad directa. La distancia frente a otras modalidades según la cantidad de contratos fue notoria. Las contrataciones por mínima cuantía, que fue la segunda modalidad más común, fueron solo 1.292.
Al igual que en los demás casos, la proporción cambia al revisar los valores de los contratos. La modalidad con mayor cantidad de dinero comprometido fue la licitación, con más de 2 billones, pese a solo haber tenido 49 procesos contractuales.
El segundo lugar sí fue para la contratación directa, pero con una diferencia importante, ya que comprometió 344 mil millones de pesos. Cerca a este valor estuvieron el régimen especial y la selección abreviada, ambas con 309 mil millones.
La contratación directa concentró casi la totalidad de los procesos bajo una sola causal. De los 4.409 contratos firmados por entidades del Gobierno Nacional durante las tres semanas posteriores al levantamiento de la Ley de Garantías, 4.253 se justificaron bajo la figura de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, lo que equivale a cerca del 96,5 por ciento del total de contratos celebrados mediante esta modalidad.
Sin embargo, en términos de recursos representaron $137.680 millones, alrededor del 40 por ciento del valor total contratado por contratación directa.
La segunda causal con mayor peso fue la de contratos interadministrativos, con 65 contratos por $68.220 millones, seguida por la justificación de no existencia de pluralidad de oferentes en el mercado, que sumó 42 contratos por $124.147 millones.
Aunque esta última representó menos del 1 por ciento de los contratos suscritos, concentró más de un tercio del valor contratado mediante contratación directa, lo que evidencia que un número reducido de procesos movilizó montos significativamente más altos.
Las demás causales tuvieron una participación mucho más limitada. El arrendamiento de inmuebles registró 16 contratos por $6.916 millones, mientras que los contratos interadministrativos de valor cero sumaron 15 procesos.
También aparecen la aplicación de la Ley 1150 de 2007 con seis contratos, la adquisición de inmuebles y los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, con cinco cada uno, además de dos contratos para la ejecución de trabajos artísticos.
Por último, el informe también advierte un predominio de los contratos por prestación de servicios que responde a una característica estructural de la administración pública.
Según el análisis, la contratación directa se ha convertido en el principal mecanismo para vincular talento humano en las entidades del Gobierno Nacional, una situación que no obedece únicamente a la facilidad de esta modalidad, sino también a las restricciones que enfrentan los presupuestos de funcionamiento, las cuales limitan la creación o ampliación de plantas permanentes de personal.
Fuente Portafolio