El sector de servicios temporales en Colombia manifestó su preocupación frente al decreto que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, pretende expedir en los próximos días, el cual introduce restricciones al modelo de contratación temporal.
La preocupación crece, dado que este 7 de diciembre vence el plazo para que la ciudadanía y los actores del sector de empresas temporales presenten sus comentarios frente a este proyecto de decreto.
Representantes del sector y trabajadores afectados aseguraron que la medida podría poner en riesgo hasta 500.000 empleos formales, especialmente de población vulnerable que históricamente ha encontrado en esta modalidad una fuente de trabajo legal.
David Zapata Jerez, abogado laboralista, señaló que durante décadas el sistema de servicios temporales ha permitido que jóvenes sin experiencia, madres cabeza de familia, migrantes y personas con baja calificación laboral accedan a empleos formales, con afiliación a seguridad social, prestaciones legales y posibilidades de vinculación directa posterior.
“Este modelo ha sido fundamental en sectores con necesidades estacionales como comercio, logística, agroindustria, floricultura, manufactura y construcción, entre otros. Es una figura especialmente usada por pequeñas y medianas empresas, donde los picos de producción requieren flexibilidad temporal para responder a la demanda”, explicó.
El nuevo decreto propone limitar al 10 % el número de trabajadores en misión que una empresa puede contratar, sin una justificación técnica clara y desconociendo la dinámica productiva de actividades que dependen de variaciones estacionales como los cultivos de flores en San Valentín o las temporadas comerciales como navidad y año nuevo. Según expertos, esta restricción podría traducirse en la desaparición de oportunidades laborales y en un aumento de la informalidad.
El proyecto de decreto continúa en consulta ciudadana a través de la plataforma SUCOP, y registra más de 1.000 comentarios de actores del sector que piden frenar medidas que no fueron incluidas en la Reforma Laboral y que el Gobierno pretende implementar por vía reglamentaria.
Durante 2025, el Ministerio de Trabajo presentó 28 proyectos de consulta ciudadana, ninguno con tal cantidad de comentarios, lo que evidencia el impacto del decreto en empresas y trabajadores.
El decreto también otorgaría nuevas facultades a los inspectores de trabajo para ordenar contrataciones directas o imponer sanciones inmediatas, funciones que normalmente corresponden a los jueces.
Organizaciones laborales advierten que esto genera inseguridad jurídica y afecta a empresas que requieren flexibilidad para operar.
Para los trabajadores del sector comercial estas contrataciones responden a necesidades reales y temporales. No son empleos precarios; son formales y regulados. «El decreto pone en riesgo nuestro sustento», afirmaron.
El sector teme que el Gobierno expida el decreto sin cambios antes de Navidad, lo que podría provocar terminaciones masivas de contratos y afectar gravemente la empleabilidad de quienes dependen de esta modalidad.
Los trabajadores solicitan un diálogo técnico que reconozca la importancia del empleo temporal en la inclusión laboral de poblaciones vulnerables.
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