Cada elección en Colombia tiene un costo que no siempre se mide en pesos, sino en desigualdad y mientras la forma en que se financian las campañas políticas puede parecer un asunto ajeno al bolsillo ciudadano, pero en realidad tiene un impacto directo sobre lo que cada colombiano paga en impuestos.
Así lo advierte un análisis del Grupo de Estudios Fiscales y Equidad (GEFE) de la Universidad Nacional, que sostiene que el sistema tributario termina siendo uno de los mayores afectados por la dependencia de los candidatos del dinero privado.
Jairo Orlando Villabona, exdirector de la Dian y director de este grupo de estudios, explicó que cuando un político busca llegar a la Presidencia, al Congreso o incluso a una alcaldía, necesita millones para financiar publicidad, transporte, logística y equipos de trabajo y que ese dinero, en la mayoría de los casos, no proviene de ciudadanos comunes, sino de grupos empresariales o sectores con intereses particulares.
“Seamos claros, nadie entrega miles de millones por amor a la democracia. Eso no es una donación, es una inversión y toda inversión espera un retorno. Ahí es donde empiezan los problemas para el sistema tributario, porque quienes financian campañas terminan cobrándose después en forma de beneficios legales, exenciones o contratos”, dijo Villabona.
Dicho de forma simple, en la práctica esto se puede entender como que mientras unos pocos logran pagar menos impuestos o acceder a exenciones, el resto de los contribuyentes asume una mayor carga fiscal para compensar los vacíos.
Los efectos fiscales de la política
Partiendo de esto, el GEFE identifica cinco mecanismos mediante los cuales la financiación electoral privada distorsiona la justicia tributaria. Primero, incentiva la evasión fiscal, dado que quienes financian campañas suelen intentar recuperar sus aportes reduciendo sus obligaciones tributarias o usando esquemas de elusión.
“Segundo, promueve beneficios tributarios selectivos, pues los grandes donantes presionan por exenciones o tratos preferenciales que terminan desequilibrando la estructura fiscal. Tercero, cuando los evasores están conectados con el poder político, las investigaciones y sanciones se frenan o diluyen, debilitando la autoridad de la DIAN y favoreciendo la impunidad”, agregaron.
El cuarto efecto es el uso político de los recursos públicos; puesto que parte del dinero recaudado termina en contratos o nombramientos que pagan favores de campaña, en lugar de destinarse a educación, salud o infraestructura.
Y el quinto, quizás el más profundo, es la desconfianza ciudadana, dado que cuando la gente percibe que los grandes no pagan, los pequeños dejan de cumplir y la lógica que crece es que “si los poderosos no tributan, ¿por qué habría de hacerlo yo?”.
Un sistema fiscal capturado
El resultado, concluye el GEFE, es un sistema tributario fragmentado y desigual, donde los grandes financiadores influyen tanto en las normas como en la distribución del gasto público. En términos económicos, esto reduce el potencial de inversión estatal y deteriora la competitividad, porque las empresas sin respaldo político deben asumir una carga impositiva más alta que sus competidores con influencias.
Es por esto que los investigadores proponen fortalecer la financiación pública de las campañas como medida estructural para evitar que los candidatos lleguen al poder con “deudas políticas”, resaltando que con reglas claras, control ciudadano y transparencia en el uso de los recursos, el Estado podría blindar la independencia fiscal y garantizar que los impuestos sean iguales para todos.
En palabras del informe, “la financiación privada de la política no solo erosiona la democracia, sino también la justicia tributaria” y marca un punto de partida desde el que la ciudadanía debe pensar a quién da su voto y para las organismos de control se convierte en un referente para mejorar la fiscalización.
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