El Gobierno del presidente Gustavo Petro a pocos días de finalizar continúa utilizando mecanismos de reasignación del Presupuesto General de la Nación en el rubro de vigencias futuras. El movimiento más reciente fue de $8 billones.
Esto quedó plasmado en el decreto que declara la situación de desastre de carácter nacional por el fenómeno de El Niño durante 12 meses, una medida que, además de activar un régimen especial para enfrentar la emergencia, faculta al Ministerio de Hacienda para realizar traslados de recursos del Presupuesto General de la Nación con el fin de financiar las acciones que demande la respuesta institucional.
La declaratoria dice el Gobierno que se sustenta en el riesgo inminente asociado al fenómeno de El Niño en todo el territorio nacional. En ese marco, las entidades deberán adoptar medidas técnicas, administrativas y presupuestales para reducir el riesgo, preparar la respuesta, atender la emergencia y avanzar en la recuperación, bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Más allá de la declaratoria, uno de los elementos con mayores implicaciones para las finanzas públicas es la forma en que el Ejecutivo financiará las acciones previstas durante la emergencia.
El decreto establece que el Ministerio de Hacienda deberá garantizar recursos que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuente con recursos suficientes para ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Acción Específico para la Recuperación, abriendo la puerta a nuevos movimientos presupuestales entre entidades del Gobierno Nacional.
En el artículo cuarto del decreto incorpora herramienta adicional para agilizar la disponibilidad de recursos. El decreto establece que, a solicitud de las entidades correspondientes del Presupuesto General de la Nación, el Ministerio de Hacienda podrá realizar traslados necesarios para atender la situación de desastre de que trata el presente decreto». De esta manera, la financiación de la respuesta institucional no dependerá únicamente de nuevas apropiaciones, sino también de la redistribución de recursos existentes dentro del presupuesto nacional.
La norma prevé extender compromisos financieros más allá de la vigencia fiscal actual. En esos casos, las entidades deberán gestionar autorizaciones previstas para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando ello resulte necesario para la ejecución de las medidas.
Fuente Portafolio