Tres años después de la prueba de polígrafo a Marelbys Meza en el edificio de inteligencia frente a la Casa de Nariño, la Fiscalía General de la Nación prepara una imputación en contra de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Laura Sarabia, quien fuera mano derecha del expresidente Gustavo Petro hasta que el entonces mandatario la envió a ocupar la embajada en Reino Unido.
Cuando Meza fue sometida al llamado detector de mentiras, en medio de un procedimiento que no puede considerarse automáticamente una prueba en procesos judiciales, Sarabia era jefa del Despacho Presidencial, algo así como la secretaria privada del presidente o la jefa del gabinete. Había denunciado el robo de una maleta dinero en su casa. La señora Marelbys era la niñera de su hijo.
El Estado volcó buena parte de sus capacidades a investigar el robo, que rondó entre los cuatro mil y los siete mil dólares. La cadena de hechos posteriores incluyó interceptaciones ilegales, procesos penales contra altos funcionarios de seguridad —como el exjefe de la protección del jefe de Estado Carlos Feria, quien luego aterrizó en la Escuela de Policía en Protección y Servicios Especiales— y el suicidio del policía Óscar Dávila.
La Fiscalía indagó a Laura Sarabia, pero no ha decidido de fondo sobre el futuro de la causa, ni con un archivo ni con una imputación. Ahora, el ente acusador se dispone a solicitarle al Complejo Judicial de Paloquemao que programe una audiencia de imputación por los delitos de abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal. La exfuncionaria señaló que confía en las autoridades.
«Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones«, escribió Sarabia en su cuenta de X. En la publicación expresó que su «deseo» es que «Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar». «Yo también quiero hacerlo», zanjó. Cuando la Fiscalía presente su solicitud, la judicatura asignará por reparto a un juez de control de garantías que le preguntará a la bogotana si acepta los cargos.
Negociaciones fallidas y cambios en la defensa
Laura Sarabia intentó negociar con la Fiscalía con propuestas de preacuerdos, principios de oportunidad y formas de terminación anticipada de una causa que por un tercio de década se mantuvo en etapa previa. El penalista Iván Cancino, hoy ministro de Justicia del presidente Abelardo de la Espriella, era el abogado de Marelbys Meza, y tanto su bando como el de la defensa de Sarabia se reunieron con los fiscales del caso.
El 29 de julio, Sarabia cambió de defensa y de estrategia. Desde entonces, el exfiscal general Mario Iguarán asumió el rumbo del caso. La fiscal Cindy Hernández, quien pertenecía a la Dirección Especializada contra la Corrupción, tomó la investigación desde marzo de 2023, pero este año ganó un concurso de méritos y fue promovida a la Delegada ante Jueces de Circuito Especializados.
La promoción implicó que el expediente cambió de despacho. Los movimientos en la Fiscalía y la defensa marcan un punto clave de viraje que atraviesa las actuaciones judiciales. Está pendiente la prórroga del principio de oportunidad del patrullero José Sebastián López, un testigo esencial contra el mayor Duván Muñoz, quien habría tratado de «ladrona» a Meza durante el polígrafo, y el coronel Carlos Feria, quien presuntamente ordenó interceptar las comunicaciones de la niñera y aplicarle el polígrafo irregular.
El mismo miércoles en que Iguarán tomó la defensa de Sarabia, un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad al que llegó el capitán de la Policía Óscar Leandro Mojica Cordón, jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en Bogotá cuando Sarabia y su esposo, Andrés Fernando Parra, reportaron el millonario robo en su casa que desató las extralimitaciones y los líos judiciales.
Mojica intervino en la elaboración de informes falsos y de un formato de entrevista a una fuente no formal que sirvieron para tramitar, de forma irregular, órdenes de interceptación de los teléfonos de Marelbys Meza y de otra empleada de Sarabia, Fabiola Perea. Él aceptó su participación, y ahora colaborará con la justicia como testigo. A cambio, la Fiscalía, por doce meses, suspendió la acción penal en su contra por el delito de violación ilícita de comunicaciones.
El caso de Marelbys Meza acumula condenas y testimonios contra altos funcionarios
Los expedientes por el caso del polígrafo y las ‘chuzadas’ son robustos, incluyendo el de Sarabia. «La investigación estaba bastante adelantada en la recolección de evidencia, de información y de elementos materiales probatorios», expresó el abogado Iguarán en entrevista. El exviceministro de Justicia anunció que se presentará a la Fiscalía el 31 de agosto «para saber de qué se trata» la potencial imputación.
«Seguramente», el fin de la negociación se debe a «alguna consideración jurídica o sustancial, alguna apreciación, alguna apreciación o alguna objeción que haya puesto alguno de los sujetos procesales, en este caso, quien se ha considerado como la víctima del proceso«, es decir, Marelbys Meza. «Lo demás es especulación, y ya esta semana sabremos de qué se trata», sostuvo el defensor de la excanciller Sarabia.
En septiembre de 2024, la juez 53 del Circuito de Bogotá condenó al intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales a diez años de prisión domiciliaria por haber interceptado ilegalmente las llamadas de Marelbys Meza. Aceptaron los cargos de fraude procesal y falsificación de documentos públicos. Pidieron perdón y argumentaron que recibieron órdenes de sus superiores.
Quinchanegua, Canizales y Mojica han asegurado que más oficiales participaron en el entramado de abuso de poder. Marelbys Meza, por su parte, ha insistido en que no robó el dinero por el que fue torturada en una oficina cercana al palacio presidencial. «A través de todo este problema mi vida cambió, mi salud, todo se me deterioró«, relató entre lágrimas en una audiencia de juicio contra los agentes condenados.
«Seguimos, ellos no actuaron solos«, escribió el entonces abogado de Meza, Iván Cancino, en su cuenta de X, que eliminó una vez el Gobierno lo designó ministro de Justicia. La misma juez 53 condenó en octubre de 2025 al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero Jhon Fredi Morales, quienes le insistieron al fiscal Óscar Gutiérrez Zapata que debía autorizar las ‘chuzadas’ a Meza y Fabiola Perea.
Fuente La FM Radio