Home PolíticaDel discurso anticorrupción a los escándalos: las polémicas que marcaron el cierre del gobierno de Gustavo Petro

Del discurso anticorrupción a los escándalos: las polémicas que marcaron el cierre del gobierno de Gustavo Petro

Familiares del presidente, las hermanas Guerrero, Gabriela Muñoz, Ricardo Roa y la UNGRD, entre algunos casos.

by Proyectar AXM
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El primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia llega a su recta final en medio de una cadena de escándalos que han puesto en entredicho su bandera de lucha contra la corrupción.

Las más recientes denuncias apuntan al supuesto poder que habrían acumulado jóvenes cercanas al presidente Gustavo Petro, quienes, según exfuncionarios y antiguos aliados políticos, habrían ejercido influencia sobre procesos de contratación y decisiones en entidades estratégicas del Estado

Las controversias se suman a una serie de investigaciones que han acompañado al Gobierno desde sus primeros meses. Entre ellas figuran el proceso por la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022, las indagaciones del Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones, así como los recientes señalamientos sobre el papel de las hermanas Guerrero y de Gabriela Muñoz en distintas entidades públicas.

Según el análisis, uno de los casos que mayor atención ha despertado es el de Juliana Guerrero, quien, tras su fallido nombramiento como viceministra de la Igualdad y el proceso por presunta falsificación de títulos académicos, enfrenta ahora acusaciones relacionadas con el supuesto cobro de comisiones para facilitar la adjudicación de contratos estatales.
Procuraduría investiga a Gabriela Muñoz.

Procuraduría investiga a Gabriela Muñoz. Foto:El Tiempo, Redes sociales

Paralelamente, continúan las denuncias sobre la influencia de Gabriela Muñoz y de su entorno familiar en la Aeronáutica Civil.
El debate tomó mayor fuerza después de las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien afirmó que sí existía una estructura de poder alrededor de estas personas y aseguró que otras mujeres cercanas al mandatario también habrían incidido en procesos de contratación pública. Sus afirmaciones reavivaron la controversia sobre la influencia de personas sin cargos de alta jerarquía dentro del Gobierno.
Pese a la magnitud de las denuncias, el presidente Petro mantuvo inicialmente su respaldo a las hermanas Guerrero, argumentando que su cercanía respondía a afinidades políticas. Esa defensa, sin embargo, provocó cuestionamientos incluso dentro de su entorno familiar y de sectores del Pacto Histórico, que pidieron privilegiar los principios de transparencia por encima de las lealtades personales.

Las críticas también llegaron desde figuras históricas del petrismo. Carlos Carrillo advirtió que la defensa de funcionarios y colaboradores cuestionados terminó afectando no solo el capital político del presidente, sino también el proyecto de la izquierda colombiana, al considerar que los escándalos pudieron incidir en el resultado electoral y en el desgaste de la imagen del Gobierno.

Mientras tanto, las autoridades intensificaron los controles sobre la contratación estatal durante los últimos días de la administración. Entre las actuaciones más llamativas estuvieron las inspecciones adelantadas por la Contraloría al Ministerio de Hacienda y a la Fiduprevisora, así como la suspensión, por parte del Consejo de Estado, del traslado de recursos a la UNGRD y de medidas relacionadas con la contratación pública en fines de semana.
Continúa la investigación que involucra a Juliana Guerrero con la Fundación Universitaria San José

Continúa la investigación que involucra a Juliana Guerrero con la Fundación Universitaria San José Foto: Guillermo Torres / Google Maps

El balance de la administración también quedó marcado por otros expedientes de alto impacto. Entre ellos sobresalen el proceso judicial contra Nicolás Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, las investigaciones por la financiación de la campaña presidencial y los cuestionamientos derivados de los audios entre Laura Sarabia y Armando Benedetti sobre el origen de recursos para la campaña.
A estos episodios se sumó el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), considerado por distintos sectores como el caso de corrupción más grave de la administración. Las investigaciones judiciales sostienen que esa entidad habría sido utilizada para direccionar recursos y obtener apoyos políticos en el Congreso, un proceso que mantiene a varios exfuncionarios y dirigentes bajo investigación o privados de la libertad.

En la etapa final del mandato también permanecieron bajo escrutinio figuras clave del Gobierno, entre ellas Ricardo Roa, por investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña y otros negocios particulares, así como nuevos cuestionamientos sobre personas cercanas al círculo presidencial.

Analistas consultados  consideran que la acumulación de estos casos debilitó la credibilidad de la agenda anticorrupción con la que llegó el Gobierno al poder y profundizó la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.
Ricardo Roa, UNGRD, Juliana Guerrero

Ricardo Roa, UNGRD, Juliana Guerrero Foto: Archivo particular El Tiempo

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