El presidente de Keralty, Joseba Grajales Jiménez, aseguró que el reciente fallo de la Corte Constitucional, que declaró ilegal la intervención a EPS Sanitas, marca un punto de inflexión en el sistema de salud colombiano. La compañía afirmó que la decisión restituye derechos vulnerados y deja en evidencia los efectos de una medida que calificó como arbitraria.
“Hoy, tras tres años de lucha —diecisiete meses de ellos bajo una intervención ilegal, arbitraria y profundamente injusta, fruto de una persecución institucional que nunca debió suceder—, la Corte Constitucional ha restituido lo que nos fue arrebatado”, señaló Grajales.
De acuerdo con el empresario, la decisión judicial no solo reconoce la ilegalidad de la intervención, sino que “desenmascara una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos”.
Indicó que la medida adoptada por el Gobierno generó un impacto directo en los usuarios. “Pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud erosionado hasta sus cimientos son el legado de una supuesta ‘transformación’ improvisada, carente de planificación y desprovista de humanidad”, expresó Grajales.
Keralty hizo un llamado al Gobierno para que el fallo se cumpla de manera inmediata. “Exigimos cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo de la Corte Constitucional. Este mandato es un imperativo legal y moral, cuya desobediencia sería un nuevo atentado contra el Estado de Derecho”, señaló.
En la misiva, también solicitó la reparación de los daños ocasionados a la red de atención, al personal de salud y a los millones de usuarios afectados. “Exigimos reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado (…) quienes merecen justicia y dignidad”, añadió.
La organización insistió en la necesidad de que se realicen los pagos pendientes a las EPS y se garantice su estabilidad financiera, de acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente. Igualmente, pidió detener las campañas de desinformación sobre su gestión y establecer garantías institucionales para que hechos similares no vuelvan a repetirse.
“No buscamos venganza, pero sí justicia. Quienes orquestaron, ejecutaron o respaldaron con su silencio esta estrategia destructiva deben rendir cuentas. El daño causado, en muchos casos irreparable, no puede quedar en la impunidad”, afirmó Grajales.
El directivo sostuvo que el proceso de reconstrucción de la EPS requerirá tiempo y esfuerzo, pero reiteró el compromiso de la compañía con sus usuarios. “Estamos de vuelta. Con la misma pasión por la salud, la ciencia y el espíritu de comunidad que nos define, iniciamos la ardua tarea de reconstrucción”, aseguró.
La compañía llamó a la colaboración de usuarios, prestadores y trabajadores para superar el desafío. “Este desafío solo será superado con el compromiso colectivo de todos. Ustedes no están solos. Nos comprometemos a trabajar para restablecer cada servicio, sanar cada herida y volver a ser el sistema de salud que ha salvado millones de vidas en Colombia”, indicó.
La carta concluyó señalando que la causa de la empresa trasciende lo corporativo. “Es una causa humana, una lucha por un sistema de salud que dignifique a cada persona, basado en la justicia, la evidencia científica y la compasión genuina”, puntualizó Grajales.
“Hoy comienza una nueva etapa. No será fácil, pero haremos nuestros mejores esfuerzos para que, con su apoyo y nuestra determinación, sea posible. Por la salud, la verdad y la justicia, seguiremos adelante”, concluyó.
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