La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que facturaron servicios sin contar con la infraestructura física para prestarlos.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Adres, en septiembre del año pasado, la entidad ordenó suspender los pagos a un total de 52 IPS que radicaron cuentas por más de $70.000 millones. Esto como parte de las auditorías realizadas desde 2023 en las que se evidenció que no se contaba con la infraestructura para la prestación de servicios de salud.
Del total de instituciones notificadas, 26 no presentaron recurso de reposición y, por tanto, la suspensión de los pagos quedó en firme, y a diez, que sí presentaron el recurso, les fue resuelto desfavorable.
Según la Adres, estas 36 IPS pretendían apropiarse ilegalmente de recursos de la salud por $79.511 millones. Dicha pretensión habría sido impedida mediante los controles establecidos por la administradora, los cuales incluyen la visita a terreno para comprobar irregularidades en la operación y en la entrega de información.
¿Qué encontró la Adres?
En el informe presentado a la Fiscalía, el director de la Adres, Félix León Martínez, señaló que las alertas sobre una presunta estafa se encendieron ante el aumento desmesurado en la presentación de reclamaciones por servicios médico-quirúrgicos prestados a supuestas víctimas de accidentes de tránsito relacionados con vehículos sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) o fantasmas.
De acuerdo con la Adres, la información entregada al ente acusador son el resultado de las tareas de auditoría en terreno por parte de tres firmas contratadas en 2024 y un equipo interno de auditoría concurrente. Estos actores se encargaron de validar las reclamaciones recibidas y contrastar la información.
Como parte de su reporte, la entidad administradora también presentó el listado de las IPS que facturaron atención de heridos por accidentes de tránsito, sin contar con la infraestructura física que hiciera posible prestar tales servicios.
Es importante destacar que de las 52 instituciones con pagos suspendidos, solo a nueve se les resolvió favorablemente; cuatro más se encuentran en estudio por parte de adres.
La entidad, además, resaltó que mayoría de estas instituciones tiene su ubicación en la región Caribe en 28 municipios de Atlántico, cinco en Córdoba y una en Magdalena.
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